6.000 euros de multa a dos motoristas españoles por entrar donde no debían
Parece que no hay límites para algunos cuando se trata de buscar emociones fuertes, ni siquiera los carteles de «Prohibido el paso». Esto es lo que ocurrió en La Palma, donde dos motoristas fueron sorprendidos por la Guardia Civil y agentes medioambientales mientras se colaban con sus motos de enduro por el Parque Natural de Cumbre Vieja, un espacio protegido del municipio de Mazo. Ahora, además de enfrentarse a multas de hasta 6.000 euros, podrían verse en apuros legales más serios.
El incidente tuvo lugar durante un operativo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que se encontraba supervisando la actividad cinegética en la isla. Fue entonces cuando los agentes detectaron a los motoristas recorriendo pistas y senderos dentro de esta zona protegida, donde el rugido de un motor no es exactamente música para los oídos de la naturaleza.
Los infractores, dos vecinos de Breña Alta de 35 y 24 años, no solo infringieron las normativas medioambientales, sino que también acumularon una lista de irregularidades; cando los agentes detuvieron a los motoristas, no tardaron en descubrir que las motos no cumplían ni con los requisitos más básicos para circular. Ambas carecían del seguro obligatorio, y ninguna de las dos motos había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
La lista de irregularidades no termina ahí. Uno de los motoristas no llevaba consigo la documentación reglamentaria de su vehículo. Lo más preocupante es que tampoco tenía el permiso de conducción necesario para manejar una moto de estas características. Este combo de infracciones llevó a la Guardia Civil a iniciar una investigación por un posible delito contra la seguridad vial.
Las consecuencias no son menores. El Código Penal contempla penas de prisión de entre tres y seis meses para este tipo de delitos, además de multas que pueden extenderse de doce a veinticuatro meses. En los casos más leves, la sanción puede sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días, pero todo dependerá de cómo se desarrollen las diligencias judiciales. Lo que está claro es que este paseo improvisado va a salirles mucho más caro de lo que esperaban.
La cosa no termina aquí. Además de los problemas legales por circular sin papeles, los motoristas se enfrentan a sanciones derivadas de la legislación medioambiental. Según la Ley 43/2003 de Montes, las infracciones pueden alcanzar hasta 1.000 euros por cabeza. Sin embargo, la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias eleva la apuesta, con multas que pueden llegar hasta los 6.000 euros.
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El caso ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Santa Cruz de La Palma, donde los motoristas tendrán que dar explicaciones. Aunque el incidente puede parecer un «pequeño desliz» para los infractores, las consecuencias son un recordatorio de que no todo vale cuando se trata de explorar con una moto, sobre todo en espacios protegidos.
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Tomado de Todocircuito.com
